La Interpol estima que alrededor de un 30 % de toda la madera del mercado mundial se obtiene de forma ilegal. Esto es debido en parte por un débil marco legal, la corrupción en las administraciones, la carencia de otra alternativa en algunas economías y, finalmente, una gran demanda de madera. Desde el 3 de marzo de 2013, la Unión Europea exige que todos los productos de la industria maderera que se vendan en la UE no se extraiga de forma ilegal. En este territorio, se produce el 35 % del consumo mundial de madera. Según su propia web, el reglamento sobre la comercialización de madera define la “tala ilegal” como “la recogida de madera contraviniendo las leyes y reglamentos del país donde se realiza” La normativa también exige que los agentes de madera en la UE ejerzan la “diligencia debida” para verificar la legalidad de su madera. Esto comporta que los agentes mantengan un registro con la documentación sobre el país de origen, las especies, la cantidad, dónde se taló, la dirección y los pertinentes documentos gubernamentales que validen la legalidad de la madera. Por otra parte, los comerciantes de madera tendrán que aportar datos sobre su suministrador. Asimismo, la UE requiere una evaluación de riesgos donde el vendedor de madera debe garantizar la legalidad de la madera mediante un análisis meticuloso subjetivo sobre los posibles factores de riesgos que puedan implicar. Por ejemplo, si el origen de su madera es Nigeria o cualquier otro país con un bajo nivel de gobernabilidad, este factor se incluye en la evaluación de riesgos. A fecha de hoy, la UE aún no ha implementado un esquema de código de colores para ilustrar aún más la importancia de este elemento. Fundamentalmente, el problema radica en el hecho de que la cadena depende de su eslabón más débil. Es decir, si la UE confía en la aplicación de sus leyes en países que no pueden y ni siquiera aplican sus propias leyes, entonces no se pondrá fin a la producción y tala ilegal de madera. El punto positivo de esta ley es la creación de una capa extra de burocracia que dificulta el negocio en la UE a los productores ilegales y facilita el acceso a los silvicultores legales y sostenibles. También crea unas bases para las grandes empresas y silvicultores que ya operan bajo principios medioambientales auto-impuestos, como empresas certificadas por el Forest Stewardship Council o con una licencia FLEGT. Aunque haya carencias significativas en esta ley, posiblemente estimulará la demanda de madera sostenible.